El Contenido del editorial corresponde a la opinión del autor y no refleja necesariamente la postura Institucional
PhD. Claudia Vera
Autora: PhD. Claudia Vera
Cuando una enfermedad aparece en los titulares, el brote ya está en marcha. Sin embargo, en salud pública, el verdadero logro ocurre antes: cuando el incremento de casos se detecta a tiempo y se controla sin que llegue a convertirse en crisis nacional. En Ecuador, la vigilancia epidemiológica cumple precisamente ese rol silencioso pero estratégico, especialmente frente a enfermedades como la malaria.
La malaria, causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida por el mosquito Anopheles, sigue siendo un desafío en zonas específicas del país, particularmente en áreas de la Amazonía y la Costa (zonas tropicales). Aunque Ecuador ha logrado importantes avances en su control, factores como la movilidad humana, actividades extractivas, condiciones climáticas y cambios ambientales pueden favorecer la reaparición de casos o el surgimiento de brotes localizados.
La detección temprana comienza en el primer nivel de atención. Cuando una persona consulta por fiebre en una zona endémica, el personal de salud activa inmediatamente el protocolo: evaluación clínica, toma de muestra, diagnóstico por microscopía o pruebas rápidas y notificación obligatoria. Cada caso confirmado se registra en el sistema nacional de vigilancia. Este flujo constante de información permite monitorear el comportamiento habitual de la enfermedad en cada territorio.
La clave está en conocer qué es lo esperado. En determinadas parroquias o cantones del país puede existir un número promedio de casos por semana o por mes. Cuando los reportes superan ese umbral histórico, los epidemiólogos analizan si se trata de una variación estacional o de un incremento inusual. Por ejemplo, un aumento posterior a periodos intensos de lluvia puede tener una explicación ambiental; pero si el número de casos crece de manera sostenida o aparece en una zona donde no se registraban casos recientes, se activa una alerta.
En Ecuador, la vigilancia no depende únicamente de los números. La confirmación por laboratorio es fundamental. Identificar la especie, Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum, y en algunos casos esporádicos producida por otras especies del género, permite anticipar la posible gravedad clínica y orientar el tratamiento adecuado. Además, el análisis oportuno de las muestras garantiza que la información sea confiable y útil para la toma de decisiones sanitarias.
Cuando se identifica un comportamiento inusual, se despliegan equipos de respuesta rápida hacia el territorio. Se realiza investigación epidemiológica de campo: verificación de casos, búsqueda activa de febriles en la comunidad, identificación de posibles criaderos de mosquitos y evaluación de las medidas de control existentes. En muchas ocasiones, esta intervención temprana logra contener el aumento de casos en cuestión de semanas.
Un aspecto particularmente relevante en el contexto ecuatoriano es la movilidad poblacional. Actividades como la minería, la agricultura o el comercio transfronterizo pueden facilitar la introducción de casos en nuevas áreas. Por ello, la vigilancia también incluye el análisis de antecedentes de viaje y la clasificación de casos como autóctonos o importados. Esta distinción es crucial para determinar si existe transmisión local activa.
La dimensión territorial es otro componente estratégico. La malaria no se distribuye de manera uniforme en el país. La presencia de cuerpos de agua, condiciones climáticas tropicales y características socioeconómicas influyen en la transmisión. El uso de mapas epidemiológicos permite identificar conglomerados de casos y anticipar posibles expansiones geográficas. Esta herramienta facilita decisiones como intensificar el control vectorial en zonas específicas antes de que el brote se amplíe.
La vigilancia efectiva también requiere coordinación interinstitucional. Autoridades locales, establecimientos de salud, laboratorios y equipos de control vectorial deben actuar de manera articulada. La comunicación fluida entre niveles cantonales, zonales y nacionales permite que la información circule con rapidez y que las decisiones se tomen de forma oportuna.
Pero más allá de los sistemas formales, la detección temprana también depende de la comunidad. Promotores de salud, líderes locales y trabajadores comunitarios suelen ser los primeros en notar cambios inusuales, como un aumento de personas con fiebre en una misma localidad. Escuchar esas señales y transformarlas en datos verificables fortalece la sensibilidad del sistema.
Detectar un brote antes de que sea noticia implica actuar sin demora. Una vez confirmada la alerta, se intensifican el diagnóstico y tratamiento oportuno, se refuerzan las actividades de fumigación y eliminación de criaderos, y se implementan campañas educativas sobre el uso de mosquiteros y la consulta temprana ante síntomas. Estas acciones, ejecutadas a tiempo, pueden evitar hospitalizaciones, complicaciones y la expansión del foco de transmisión.
La experiencia ecuatoriana demuestra que los brotes no aparecen de manera repentina. Generalmente comienzan con pequeñas variaciones en los datos que solo un sistema atento puede identificar. La vigilancia epidemiológica funciona como un radar permanente que analiza información, interpreta tendencias y anticipa riesgos.
Cuando la malaria no se convierte en noticia nacional, muchas veces es porque la detección fue oportuna y la respuesta fue efectiva. Detrás de esa aparente normalidad hay profesionales revisando reportes diarios, laboratorios confirmando diagnósticos y equipos trabajando en territorio. En salud pública, el mayor éxito no siempre es visible: es aquel que evita que el problema crezca.
Y en un país con diversidad geográfica y climática como Ecuador, esa vigilancia constante es una de las herramientas más valiosas para proteger la salud de la población.
Alberto Orlando N. PhD.
El Contenido del editorial corresponde a la opinión del autor y no refleja necesariamente la postura Institucional
Autor: PhD. Alberto Orlando N.
Coautor: Dr. Juan Carlos Zevallos
La leptospirosis no es una enfermedad nueva en Ecuador. Lleva más de un siglo presente en el país. Sin embargo, continúa subestimada, poco sospechada y subdiagnosticada. No se trata de “una zoonosis más”: en contextos de inundaciones, pobreza y precariedad ambiental, la leptospirosis puede escalar rápidamente y cobrar vidas.
A inicios del siglo XX, Hideyo Noguchi describió pacientes ictéricos inicialmente confundidos con fiebre amarilla y posteriormente asociados a leptospirosis. Más de cien años después, la lección sigue vigente: es una enfermedad que se disfraza. Hoy puede confundirse con dengue, hepatitis, malaria o incluso con COVID-19. Comparte fiebre, mialgias, cefalea, ictericia, insuficiencia renal y hemorragias. Cuando no se la sospecha ni se la confirma a tiempo, desaparece de las estadísticas… hasta que reaparece como brote.
Una combinación de síntomas inespecíficos, consulta tardía, manejo ambulatorio sin confirmación, acceso irregular a pruebas diagnósticas y algoritmos que no siempre se aplican en territorio configuran un subregistro estructural que debilita la vigilancia.
Desde el 2022, el país perdió la disponibilidad continua de pruebas de referencia diagnósticas, la microaglutinación (MAT). Sin MAT, la vigilancia pierde la capacidad de identificar serogrupos y serovares, limitando la toma de decisiones basadas en evidencia. El sistema se limita a pruebas ELISA: útiles, pero condicionadas por ventanas inmunológicas, por la necesidad de sueros pareados y de la implementación de reacciones cruzadas. Aunque los algoritmos recomiendan pruebas seriadas, en la práctica suele realizarse una sola prueba, y aquellos resultados no confirmatorios se archivan.
A estas limitaciones se suman la escasa integración de criterios clínico-bioquímicos que orienten la sospecha de leptospirosis. En pacientes febriles con ictericia, una creatinfosfoquinasa (qPCR) elevada puede alertar sobre el compromiso muscular característico de la enfermedad. Una prueba elevada no es diagnóstica, pero favorece la sospecha clínica. Por lo tanto, la qPCR es una herramienta diagnóstica complementaria que favorece la vigilancia epidemiológica al detectar la infección en fases tempranas, antes del desarrollo de anticuerpos.
Recuperar la disponibilidad permanente de la MAT es una necesidad de salud pública. Identificar serovares permite comprender reservorios, anticipar riesgos y orientar intervenciones. Entre 2018 y 2020, el INSPI evidenció la circulación de serovares como Canicola, Bataviae, Grippotyphosa, Bratislava y Sejroe en animales. El enfoque de “Una Sola Salud” debe traducirse en acción operativa. El brote de la costa en 2023 demostró que el país puede confirmar y responder cuando existe coordinación y capacidad técnica. Pero futuras respuestas no pueden depender de la excepcionalidad del brote.
Debemos implementar acciones oportunas y claras, por ejemplo, la utilización de algoritmos diagnósticos ya probados, la disponibilidad continua de qPCR y MAT, la realización de pruebas seriadas cuando correspondan y la integración de evidencias clínico-bioquímicas.
Estas acciones deben llevarse a cabo en el contexto de un trabajo intersectorial bajo el enfoque de “Una Sola Salud”. Estamos convencidos de que una fluida interacción entre el INSPI y el Ministerio de Salud favorecerá estadísticas robustas de casos confirmados y que una eficaz gestión pública reflejará medidas integrales correctivas y preventivas en territorio.
En el 2026, los recientes casos de leptospirosis obligan al país a elegir entre reaccionar tardía, y de forma fragmentada o implementar un proceso sistemático, continuo y organizado de recolección, análisis, interpretación y comunicación oportuna de información. La diferencia entre un diagnóstico tardío y una vida salvada no es el azar, es la preparación.
Febrero 2026
Sunny Eunice Sanchez Giler, PhD.
En el año 2024, la Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional la negación a la solicitud de Paola Roldán de recibir eutanasia, solicitada debido a su condición de padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva y discapacitante que degenera las neuronas motoras, provocando debilidad muscular progresiva, atrofia y finalmente parálisis que lleva a la muerte.
Como antecedente, el debate acerca de si la aplicación de este procedimiento es correcta, ha llevado a que los profesionales de la salud, pacientes y sus familiares desarrollen profundas reflexiones filosóficas, religiosas, morales y bioéticas.
Desde la bioética, para poder conceptualizar a la muerte digna, es menester definir varios elementos, sin limitarse únicamente a su perspectiva biológica.
Para empezar, hasta antes del Informe de Harvard emitido en 1968, se declaraba la muerte únicamente en aquellos individuos que no tenían latido cardíaco, sin contemplar a la muerte cerebral. Esto provocó que muchos pacientes sufrieran de la violación de su derecho a la no maleficencia, pues se los dejaba conectados a ventilación mecánica incluso con estado vegetativo persistente y muerte cerebral, como Nancy Cruzan y Karen Ann Quinlan. De allí, que se estaba vivo si se contaba con pulmones y corazón sano. Harvard añade la necesidad de contar con función cerebral total, lo que nos lleva a ampliar el concepto a la necesidad de tener conciencia y capacidad de contacto con el medio externo.
Por otro lado, reconocer la “calidad de vida”, como un concepto, no de análisis económico, sino desde la perspectiva bioética, lleva a determinar que se trata de tener vida, además de contar con la capacidad para la realización personal. Una enfermedad discapacitante, que impide que el individuo pueda alcanzar su realización personal, determina una pobre calidad de vida. Esto debe tomarse con mucho cuidado, pues al aplicar este concepto en adultos mayores o en personas con deficiencia mental o cognitiva, podría llevar siempre a pobre calidad de vida, sin embargo, la realización personal en estos grupos es bastante más sencilla que el de las personas jóvenes o de capacidades cognitivas promedio.
La dignidad, otro concepto clave para la evaluación de muerte digna, es el valor intrínseco de ser persona. Antiguamente, se declaraba que únicamente aquellos con tierras y abolengo eran dignos (caballeros), posteriormente I. Kahn nos enseña que todas las personas tenemos dignidad y no precio, y que esta dignidad viene de nuestra condición de ser persona. La dignidad obliga a nuestros semejantes a respetar nuestras opiniones y credos, además que nuestros actos no son capaces de quitárnosla, porque seguimos siendo personas con nuestros defectos y errores. Es por ello que existe el término PPL: persona privada de libertad, porque incluso aquellos que han perdido su libertad por delitos al bien común, conservan su calidad de personas y, por tanto, su dignidad.
Hablar de muerte digna, nos lleva a unir estos conceptos, para finalmente reconocer que este término involucra dos elementos cruciales para su aplicación: el acompañamiento y la obligación de no prolongar de manera innecesaria el dolor y/o el sufrimiento. El proceso de muerte, pues se trata de un proceso prolongado y no de un evento de sucesión rápida, es aquel al que la humanidad le tiene más miedo, por la incertidumbre que ostenta y la impotencia para poder evitarla o retrasarla. Al poseer esta carga de temor, resulta injusto y cruel que una persona deba atravesar por este proceso, en soledad. De allí que, al aplicar los mecanismos de muerte digna, se estaría garantizando el acompañamiento, un procedimiento con el que los enfermeros están bastante más familiarizados que los médicos; así como el acortamiento del sufrimiento y el dolor.
La muerte digna posee 5 mecanismos, que de sencillo a complejo (ética y médicamente hablando) son:
- Negación al tratamiento: cuando el paciente decide por voluntad propia y bajo un proceso consciente, bien informado y voluntario, negarse a someterse a la terapéutica propuesta por su médico; esto garantiza su derecho a la privacidad y el respeto a su autonomía.
- Adecuación al esfuerzo terapéutico: inicialmente conocido como limitación del esfuerzo terapéutico, en el que se limita la aplicación de más tratamientos ante la futilidad de los mismos, por no poder garantizar una mejoría real en el paciente. Este término se ha ampliado a la adecuación del esfuerzo diagnóstico, con la limitación de la aplicación de exámenes y procedimientos diagnósticos que no impactan en el pronóstico de la enfermedad subyacente.
- Medicina paliativa, que combina tratamientos farmacológicos, psicosociales, espirituales y éticos para el alivio del dolor y la incomodidad que provoca la enfermedad subyacente. Se ha mal llamado, en ocasiones: eutanasia disfrazada, por la utilización de morfina, cuyos efectos a largo plazo llevan a paro cardio-respiratorio.
- Suicidio asistido: cuando el médico prescribe los fármacos que necesita un paciente para cometer suicidio, en el calor de su hogar con el acompañamiento de los suyos. Este mecanismo de muerte digna, debe ser cuidadosamente monitoreado por la posibilidad de errores o mal entendido de las instrucciones en la prescripción.
- Eutanasia, término que viene del griego eu-thánatos que significa buena muerte y que inicialmente representaba una muerte tranquila y sin dolor; posteriormente ha evolucionado, para finalmente indicar la necesidad de una activa intervención del médico para provocar la muerte en un paciente.
Durante el año 2024, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitió el reglamento para la aplicación de la eutanasia, no obstante, este reglamento debería ampliarse a las otras formas de muerte digna, con el fin de garantizar el ejercicio de los 4 principios bioéticos promulgados por Beauchamp y Childress en 1979: respeto por la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
Sin embargo, para esta ampliación es importante la participación no sólo de profesionales de la salud y juristas, sino también de la sociedad en general, con el fin de iniciar los diálogos y la socialización en un tema que interesa a todo aquel que tenga vida y dignidad.